La consecuencia política positiva más importante que cabe esperar del próximo envejecimiento masivo de la población es la recuperación de la voz por parte de la clase de edad anciana, tras muchas décadas de estar mudecida por la espiral del silencio que siguió a la pérdida del poder por parte de la gerontocracia tradicional (Gil Calvo, 2003). Hasta ahora, y ante la devaluación social de los patrimonios sociales que atesoraban (pues la salarizada sociedad de mercado sólo valora los ingresos obtenidos por el trabajo personal acumulado), los ancianos apenas si se atrevían a levantar la voz porque se sentían en condiciones de inferioridad social, dada su escasa cuantía y la abismal brecha de capital humano que les colocaba bajo el poder de sus sucesores.
Pero la próxima llegada de masivas generaciones de mayores sobreescolarizados, nacidos durante el baby boom, les proporcionará un poder cuantitativo y cualitativo que les permitirá atreverse por fin a levantar su voz de protesta, reivindicando un trato igualitario.
Y al decir levantar la voz me refiere al concepto de voz introducido por Hirschman (1977), opuesto al de salida o abandono de los compromisos contraídos ante el deterioro de la actividad social. Hasta hoy mismo, los mayores tienden en efecto a acogerse a la opción de salida, aceptando jubilaciones anticipadas para recluirse en la retraída pasividad rentista. Pero esta opción de salida parece tener los días contados, para ser muy pronto sustituída por la opción de elevar su voz de protesta militante y activista como estrategia mayoritaria a adoptar por la clase de edad anciana (Gil Calvo, 2001). Y a esta estrategia de elevar la voz para hacerse oír, reclamando un nuevo trato igualitario en su relación con los demás poderes públicos y privados, es a lo que he llamado metafóricamente poder gris (Gil Calvo, 2003). Con lo de nuevo trato igualitario me refiero a que, hasta ahora, los mayores aceptaban relacionarse con los demás en condiciones de sumisión e inferioridad, asumiendo como algo inevitable y necesario (un mal menor) el ser tutelados por sus familias y por los poderes públicos (representados por el personal burocrático de los servicios sociales y sanitarios) con quienes han de relacionarse los ancianos en su vida cotidiana. Y si los mayores lo asumían resignados, aunque lo considerasen injusto, es porque su inferioridad numérica, cultural y académica les colocaba en poder de la superior autoridad moral de sus cuidadores, fueran éstos sucesores, parientes, funcionarios o médicos. Bien, pues muy pronto va a dejar de ser así. Una vez que se vaya rellenando la brecha de capital humano conforme envejezcan las cohortes más escolarizadas, y cuando los mayores se
sientan por fin mayoritarios en términos relativos, entonces llegará el momento de invertir la correlación de fuerzas que enfrenta a los ancianos con el resto de poderes públicos y privados. Y de ser ésta una relación jerárquica de inferioridad asimétrica y sumisión efectiva, pasará a ser una relación equilibrada de reciprocidad simétrica e igualdad paritaria. Es decir, una relación de tú a tú. Lo cual podría resultar revolucionario. ¿Qué contenido tendrá esta nueva voz de la vejez,
que reivindicará el ejercicio de su nuevo poder gris? Desde el punto de vista filosófico, podría fundarse en el concepto de libertad como no dominación propuesto por Philip Pettit (1999). Como se sabe, para este autor la libertad (entendida como plena autonomía personal) se basa en una doble condición de posibilidad. Ante todo, esa autonomía debe estar libre de toda interferencia externa ilegítima (pues existen interferencias legítimas, exigidas por el común interés público, como sucede con la redistribución de la renta y la discriminación positiva).
Pero además, esa autonomía no debe ser arbitraria, en el sentido de que no debe proceder de ninguna concesión graciosa o discrecional. Y de este modo, la libertad como no dominación consiste en la inmunidad garantizada por la ley contra toda interferencia ilegítima y arbitraria. Pues bien, la vejez actual se vive como una doble dominación arbitraria e ilegítima, dado que se sufre a la vez un recorte tanto de la libertad física corporal como de la libre autonomía personal. Desde luego, hay opresión material siempre que se da el maltrato físico directo, que según el Centro para el Estudio de la Violencia (El País, 12-IX-03, página 32) sufren 3 de cada 10.000
personas mayores en España (según datos estimados a partir del Ministerio del Interior). Pero también hay opresión material cuando los mayores son expulsados obligatoriamente del mercado de trabajo o cuando son tratados con procedimientos autoritarios y coercitivos en los centros sanitarios, en las residencias geriátricas o en las instituciones asistenciales. Ahora bien, la opresión más insidiosa de todas no es la material sino la moral, que se produce siempre que se
Pero la próxima llegada de masivas generaciones de mayores sobreescolarizados, nacidos durante el baby boom, les proporcionará un poder cuantitativo y cualitativo que les permitirá atreverse por fin a levantar su voz de protesta, reivindicando un trato igualitario.
Y al decir levantar la voz me refiere al concepto de voz introducido por Hirschman (1977), opuesto al de salida o abandono de los compromisos contraídos ante el deterioro de la actividad social. Hasta hoy mismo, los mayores tienden en efecto a acogerse a la opción de salida, aceptando jubilaciones anticipadas para recluirse en la retraída pasividad rentista. Pero esta opción de salida parece tener los días contados, para ser muy pronto sustituída por la opción de elevar su voz de protesta militante y activista como estrategia mayoritaria a adoptar por la clase de edad anciana (Gil Calvo, 2001). Y a esta estrategia de elevar la voz para hacerse oír, reclamando un nuevo trato igualitario en su relación con los demás poderes públicos y privados, es a lo que he llamado metafóricamente poder gris (Gil Calvo, 2003). Con lo de nuevo trato igualitario me refiero a que, hasta ahora, los mayores aceptaban relacionarse con los demás en condiciones de sumisión e inferioridad, asumiendo como algo inevitable y necesario (un mal menor) el ser tutelados por sus familias y por los poderes públicos (representados por el personal burocrático de los servicios sociales y sanitarios) con quienes han de relacionarse los ancianos en su vida cotidiana. Y si los mayores lo asumían resignados, aunque lo considerasen injusto, es porque su inferioridad numérica, cultural y académica les colocaba en poder de la superior autoridad moral de sus cuidadores, fueran éstos sucesores, parientes, funcionarios o médicos. Bien, pues muy pronto va a dejar de ser así. Una vez que se vaya rellenando la brecha de capital humano conforme envejezcan las cohortes más escolarizadas, y cuando los mayores se
sientan por fin mayoritarios en términos relativos, entonces llegará el momento de invertir la correlación de fuerzas que enfrenta a los ancianos con el resto de poderes públicos y privados. Y de ser ésta una relación jerárquica de inferioridad asimétrica y sumisión efectiva, pasará a ser una relación equilibrada de reciprocidad simétrica e igualdad paritaria. Es decir, una relación de tú a tú. Lo cual podría resultar revolucionario. ¿Qué contenido tendrá esta nueva voz de la vejez,
que reivindicará el ejercicio de su nuevo poder gris? Desde el punto de vista filosófico, podría fundarse en el concepto de libertad como no dominación propuesto por Philip Pettit (1999). Como se sabe, para este autor la libertad (entendida como plena autonomía personal) se basa en una doble condición de posibilidad. Ante todo, esa autonomía debe estar libre de toda interferencia externa ilegítima (pues existen interferencias legítimas, exigidas por el común interés público, como sucede con la redistribución de la renta y la discriminación positiva).
Pero además, esa autonomía no debe ser arbitraria, en el sentido de que no debe proceder de ninguna concesión graciosa o discrecional. Y de este modo, la libertad como no dominación consiste en la inmunidad garantizada por la ley contra toda interferencia ilegítima y arbitraria. Pues bien, la vejez actual se vive como una doble dominación arbitraria e ilegítima, dado que se sufre a la vez un recorte tanto de la libertad física corporal como de la libre autonomía personal. Desde luego, hay opresión material siempre que se da el maltrato físico directo, que según el Centro para el Estudio de la Violencia (El País, 12-IX-03, página 32) sufren 3 de cada 10.000
personas mayores en España (según datos estimados a partir del Ministerio del Interior). Pero también hay opresión material cuando los mayores son expulsados obligatoriamente del mercado de trabajo o cuando son tratados con procedimientos autoritarios y coercitivos en los centros sanitarios, en las residencias geriátricas o en las instituciones asistenciales. Ahora bien, la opresión más insidiosa de todas no es la material sino la moral, que se produce siempre que se
trata al anciano con descuido y desatención como si fuera un objeto impersonal y anónimo, o cuando se le incapacita en la práctica tutelándole con ignorancia o desprecio de todos sus derechos para reducirle a la categoría de menor de edad. Y esa dominación que sufren los mayores es producto tanto de interferencias arbitrarias de los poderes públicos y privados, que someten a los mayores a un trato discriminatorio contra su voluntad, como de graciosas discrecionales, que sobreprotegen a los mayores tratándoles como a mascotas domésticas o menores incapacitados a los que haría falta tutelar con censura informativa y dulces mentiras piadosas. Pero este estado de cosas, caracterizado por la objetiva opresión de la vejez, no puede continuar. Si hasta ahora se produce es porque las generaciones actuales de mayores se han resignado a sufrirlo sin rechistar, incapaces de levantar la voz como consecuencia de su posición relativa de inferioridad social. Ahora bien, en cuanto las próximas cohortes de mayores superpoblados y sobreescolarizados envejezcan, ya no se dejarán dominar. Por el contrario, levantarán su voz colectiva para reivindicar en público su derecho a la no dominación y su airada exigencia de una definitiva abolición de la discriminación por la edad. Ahora bien, además
de esta genérica defensa de su derecho a no ser discriminados, los mayores también plantearán probablemente la explícita reivindicación de otros derechos específicos, derivados de la propia naturaleza del envejecimiento. Ante todo, por supuesto, reivindicarán su derecho constitucional al trabajo personal, que por tratarse de un derecho fundamental no puede estar subordinado a
ninguna otra consideración de interés general. La jubilación obligatoria debe ser abolida de una vez para siempre, y tanto más cuanto resulta injustamente discriminatoria,dado que ahora sólo se aplica a los asalariados y a los funcionarios públicos, pero no a los propietarios, los empresarios ni a los profesionales libres. Pero esta reivindicación del derecho al trabajo personal también va unida a la reivindicación del derecho al ahorro personal (en forma de pensiones contributivas de jubilación), sin que ninguna de ambas reivindicaciones pueda ser usada como condición de la otra. Las pensiones contributivas deben ser proporcionales al trabajo realizado a lo largo de la vida activa. Y el momento de salida de la actividad económica debe ser elegido libremente. Quien elija jubilarse anticipadamente, percibirá pensiones más bajas. Y quien decida posponer su jubilación tendrá derecho a pensiones más elevadas el día que se jubile. Es verdad que puede haber fricciones en el ajuste de unos y otros contingentes, que siempre se pueden suavizar mediante políticas ad hoc de estímulos e incentivos. Pero lo que no se puede tolerar (y mucho menos con efectos retroactivos) es la coactiva confiscación estatal de los derechos adquiridos por el ahorro personal acumulado, como supondría cualquier recorte real de las pensiones contributivas.
Pero además de esta doble reivindicación política del derecho al trabajo personal y del derecho al ahorro personal, existen cuando menos otras dos reivindicaciones que parecen específicas de la vejez. La primera de ellas es la reivindicación del derecho a la autonomía personal, puesta en peligro como consecuencia del proceso de envejecimiento físico. El riesgo de incapacidad relativa aumenta progresivamente con la edad, lo que puede colocar a la persona mayor discapacitada en situaciones de dependencia física. Pero ello no debe condicionar su inalienable libertad de elección
personal, que debe ser reconocida y protegida a ultranza. Es verdad que el coste económico de hacerlo puede ser elevado, dado el incremento de las discapacidades que se espera como consecuencia del envejecimiento demográfico. Pero siempre puede prevenirse mediante el establecimiento de seguros colectivos contra la dependencia, tanto si son seguros públicos como
privados. Ahora bien, lo que nunca debe hacerse es privar a los ancianos de su capacidad de decisión propia (o libre albedrío personal), que no debe estar subordinada al dictamen de aquellos agentes encargados de asumir la protección de su discapacidad física. Quien debe elegir en cada caso es el anciano, no las autoridades, los médicos ni su familia. Y como consecuencia última del derecho a la autonomía personal aparece la otra gran reivindicación a plantear por la vejez, que es el derecho a una muerte digna. Cada anciano debe ser enteramente libre de elegir por sí mismo qué quiere hacer con su vida. Y semejante decisión no puede tomarla en su lugar ningún familiar, por próximo que sea, ni tampoco ninguna autoridad judicial o médica. Las autoridades del Estado no están legitimadas para decidir en nombre de cada anciano, quien debe disponer libremente de su vida sin tener por qué atender los consejos de los profesionales llamados a aconsejarle. Si decide dejar de vivir, el Estado no tiene derecho a impedírselo, y mucho menos con espurias razones científicas, pues el único titular del derecho civil a la vida es el propio ciudadano, que tiene derecho no sólo a perjudicarse a sí mismo sino también a querer dejar de vivir. Y esto impone la necesidad de despenalizar y legalizar la eutanasia, tanto la pasiva como además la activa. Es verdad que ello plantea vidriosos problemas de ética jurídica, en los que aquí no cabe entrar (Szasz, 2002). Pero hará falta superarlos, pues sin el reconocimiento público del derecho a una muerte digna no podrá resolverse la más grave cuestión planteada por el próximo envejecimiento poblacional.
de esta genérica defensa de su derecho a no ser discriminados, los mayores también plantearán probablemente la explícita reivindicación de otros derechos específicos, derivados de la propia naturaleza del envejecimiento. Ante todo, por supuesto, reivindicarán su derecho constitucional al trabajo personal, que por tratarse de un derecho fundamental no puede estar subordinado a
ninguna otra consideración de interés general. La jubilación obligatoria debe ser abolida de una vez para siempre, y tanto más cuanto resulta injustamente discriminatoria,dado que ahora sólo se aplica a los asalariados y a los funcionarios públicos, pero no a los propietarios, los empresarios ni a los profesionales libres. Pero esta reivindicación del derecho al trabajo personal también va unida a la reivindicación del derecho al ahorro personal (en forma de pensiones contributivas de jubilación), sin que ninguna de ambas reivindicaciones pueda ser usada como condición de la otra. Las pensiones contributivas deben ser proporcionales al trabajo realizado a lo largo de la vida activa. Y el momento de salida de la actividad económica debe ser elegido libremente. Quien elija jubilarse anticipadamente, percibirá pensiones más bajas. Y quien decida posponer su jubilación tendrá derecho a pensiones más elevadas el día que se jubile. Es verdad que puede haber fricciones en el ajuste de unos y otros contingentes, que siempre se pueden suavizar mediante políticas ad hoc de estímulos e incentivos. Pero lo que no se puede tolerar (y mucho menos con efectos retroactivos) es la coactiva confiscación estatal de los derechos adquiridos por el ahorro personal acumulado, como supondría cualquier recorte real de las pensiones contributivas.
Pero además de esta doble reivindicación política del derecho al trabajo personal y del derecho al ahorro personal, existen cuando menos otras dos reivindicaciones que parecen específicas de la vejez. La primera de ellas es la reivindicación del derecho a la autonomía personal, puesta en peligro como consecuencia del proceso de envejecimiento físico. El riesgo de incapacidad relativa aumenta progresivamente con la edad, lo que puede colocar a la persona mayor discapacitada en situaciones de dependencia física. Pero ello no debe condicionar su inalienable libertad de elección
personal, que debe ser reconocida y protegida a ultranza. Es verdad que el coste económico de hacerlo puede ser elevado, dado el incremento de las discapacidades que se espera como consecuencia del envejecimiento demográfico. Pero siempre puede prevenirse mediante el establecimiento de seguros colectivos contra la dependencia, tanto si son seguros públicos como
privados. Ahora bien, lo que nunca debe hacerse es privar a los ancianos de su capacidad de decisión propia (o libre albedrío personal), que no debe estar subordinada al dictamen de aquellos agentes encargados de asumir la protección de su discapacidad física. Quien debe elegir en cada caso es el anciano, no las autoridades, los médicos ni su familia. Y como consecuencia última del derecho a la autonomía personal aparece la otra gran reivindicación a plantear por la vejez, que es el derecho a una muerte digna. Cada anciano debe ser enteramente libre de elegir por sí mismo qué quiere hacer con su vida. Y semejante decisión no puede tomarla en su lugar ningún familiar, por próximo que sea, ni tampoco ninguna autoridad judicial o médica. Las autoridades del Estado no están legitimadas para decidir en nombre de cada anciano, quien debe disponer libremente de su vida sin tener por qué atender los consejos de los profesionales llamados a aconsejarle. Si decide dejar de vivir, el Estado no tiene derecho a impedírselo, y mucho menos con espurias razones científicas, pues el único titular del derecho civil a la vida es el propio ciudadano, que tiene derecho no sólo a perjudicarse a sí mismo sino también a querer dejar de vivir. Y esto impone la necesidad de despenalizar y legalizar la eutanasia, tanto la pasiva como además la activa. Es verdad que ello plantea vidriosos problemas de ética jurídica, en los que aquí no cabe entrar (Szasz, 2002). Pero hará falta superarlos, pues sin el reconocimiento público del derecho a una muerte digna no podrá resolverse la más grave cuestión planteada por el próximo envejecimiento poblacional.
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